Córdoba, su alianza con los grupos Atlacomulco y Echeverría.

Por @renatoconsuegra


“Con Donaldo se cometió un crimen que se supone estaba desechado de nuestra historia, y cuya comisión no debería repetirse en el escenario de la lucha por el poder, como sucedía, lamentablemente, al principio del siglo pasado.”

Luis Colosio Fernández, 10 de febrero de 2004, en el homenaje a Luis Donaldo Colosio

Si existieron motivos políticos para asesinar a Luis Donaldo Colosio y evitar que actuara como bisagra en la reelección de Carlos Salinas de Gortari, los grupos involucrados los diluyeron desde las primeras investigaciones y presionaron a los distintos fiscales cuando comenzaron a hurgar hacia los hilos que conducían a los probables autores intelectuales. De esta forma, fueron exonerados los grupos TUCAN (Todos Unidos Contra Acción Nacional), Omega y hasta el propio Estado Mayor Presidencial. Las pistas del asesinato fueron borradas o alteradas en sus distintas etapas; además, Mario Aburto observó el video del asesinato y después fue sacado de la delegación de la PGR en Tijuana antes de su primera declaración; semanas y meses después, también fueron eliminados policías y agentes del Ministerio Público involucrados en la adulteración de hechos o que conocían demasiado y no se iban a callar.
En su defensa pública, Salinas destacó su combate a los grupos políticos, económicos y del narcotráfico contrarios a su política; sin embargo, evitó decir que bajo su protección otros crecieron de forma inconmensurable.
Uno de ellos, el que bajo la sombra de Salinas forjó José María Córdoba Montoya. Escasamente se ha documentado la posibilidad de una alianza de Córdoba con el grupo Atlacomulco y, probablemente, también el de Luis Echeverría, para llevar a la presidencia de la República a su favorito Ernesto Zedillo, cuando además de Colosio, el resto de los contendientes con verdaderas posibilidades de ser impulsados no pertenecían siquiera lejanamente a estas dos familias. Eran, uno netamente salinista, Pedro Aspe, y el otro difícil de controlar, Manuel Camacho.
Los dinosaurios
Ciro Gómez Leyva revela en su libro Ya vamos llegando a México (pag. 13) la conversación del 13 de febrero de 1995 con un criminólogo, quien le entregó un estudio grupal terminado el 30 de abril de 1994, cinco semanas después del asesinato de Colosio. “Según la investigación, se trata de la comunidad de políticos tradicionales aliados con el narcotráfico. Dinosaurios, los llaman (…) Para apoderarse de la candidatura priísta a la Presidencia de la República, arrebatándole así el control estratégico del Estado Mexicano al grupo político del Presidente Salinas (…) Un genuino golpe de Estado contra el presidente Salinas, contra el salinismo, contra el rumbo estratégico de la vida nacional, impulsado por ellos y, sobre todo, contra la discreta política de exclusión de los Dinosaurios”, le dijo.
Este hombre mostró a Gómez Leyva algunos párrafos del estudio que fue conocido por los fiscales Miguel Montes y Olga Islas e, incluso, pudo llegar a Carlos Salinas. Ahí se decía que el asesinato de Colosio era el inicio de una guerra sucia para hacer abortar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, generando un proceso de desestabilización política “mediante nuevos atentados criminales a fin de crear una situación explosiva entre el 21 de agosto y el 1 de diciembre”.
El criminólogo habló también de dos tiradores, del complot. Y 15 días después fue capturado Othón Cortés, quien apareció en Tijuana con una credencial del Aeropuerto de la localidad, firmada por Alcides Beltrones Rivera, y negó conocer a Domiro García Reyes, pese a haber sido quien condujo al jefe de la escolta de Colosio a la Central Aérea.
Desde el principio, la hipótesis del fiscal Miguel Montes fue la del complot, suavizada por la frase “acción concertada”, que mantuvo hasta el 30 de abril. La pregunta es: ¿Por qué cambio su hipótesis? ¿Acaso porque al avanzar encontró que Córdoba Montoya y el futuro presidente estaban inmiscuidos junto con los grupos de Dinosaurios?
Personaje cercano a la familia Colosio, sin embargo, según Gómez Leyva, Montes advirtió a los colosistas: “Que quede claro. Si esto es una conjura, yo estoy muerto”.
El propio Montes había atajado la posibilidad de que Miguel Nazar Haro se hiciera cargo de las investigaciones cuando se lo planteó Carlos Salinas, según escribió en Ya vamos llegando a México…
-Manlio (Fabio Beltrones) propone que Miguel Nazar Haro se haga cargo de la investigación policíaca-, planteó Salinas de Gortari.
-No, señor, eso no es conveniente. Nazar tiene dueño-, zanjó Montes.
Hay muchos puntos poco claros que no fueron analizados por los fiscales. Entre otros, ¿por qué mintieron Othón Cortés y el general Domiro García Reyes al asegurar que no se conocían? ¿Quién ordenó que el grupo de seguridad de Fernando de la Sota actuara de forma paralela al Estado Mayor Presidencial? ¿Por qué falsearon sus declaraciones De la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa? ¿Por qué el PRI local contrató a un grupo para hacer vallas en Lomas Taurinas, y quién pagaba a Tranquilino Sánchez y Vicente y Rodolfo Mayoral? ¿Por qué Rodolfo Rivapalacio se presentó a cobrar, antes del mitin de Lomas Taurinas, un cheque por 50 millones de pesos en la sucursal Banamex de Playas de Tijuana?
El grupo Echeverría
Uno de los datos insuficientemente investigado es que Rosario Urrutia, esposa de José Córdoba Montoya, vivió en el fraccionamiento Colinas de San Javier, construido por Javier García Paniagua. La casa donde vivía la esposa del franco-español-mexicano era propiedad de René González Quirarte, uno de los brazos operativos del Cártel de Ciudad Juárez, quien fuera encontrado muerto y descabezado en febrero del 2000 en la ciudad de Guadalajara.
García Paniagua fue miembro de la llamada vieja clase política o dinosaurios, la nomenklatura, pues, mientras su hijo Javier García Morales no sólo trabajó, sino que fue hecho prisionero en Los Ángeles junto con Miguel Nazar Haro por el robo y tráfico de vehículos a México. Ha sido investigado por narcotráfico y actualmente se desempeña como Secretario Adjunto al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado.
Además, Córdoba fue impulsor del Grupo Empresarial de Occidente al frente del cual está el hoy senador Raymundo Gómez Flores, beneficiario del salinismo con la empresa camionera DINA, la harinera MINSA, Banca Cremi y fue socio de Carlos Cabal Peniche en Banca Unión-Cremi. Este grupo lo completaron las empresas Lomelí comandadas por Arturo Lomelí, y Salvador Martínez Garza de Mexlub.
Por su parte, Fernando Gutiérrez Barrios y García Paniagua fueron directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con Luis Echeverría, la policía política del régimen, convertida en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por Miguel de la Madrid. Con ellos trabajó Manlio Fabio Beltrones, el único personaje que habló a solas con Mario Aburto en la noche del 23 de marzo de 1994, antes de rendir su primera declaración y ser trasladado a la ciudad de México.
Además de no compartir el proyecto económico, la lucha entre Carlos Salinas y Luis Echeverría se recrudeció con la persecución y encarcelamiento del tío de éste último, Rubén Zuno Arce en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
El grupo Omega y De la Sota
Beneficiarios del salinismo con Bancreser, participantes en los créditos irregulares del Fobaproa y dueños de las empresas del transporte ETN, Flecha Roja, Ómnibus de México, y otras de carácter regional, el Grupo Toluca de la familia Alcántara Rojas se integró a la campaña de Colosio como lo hizo con otras en contiendas anteriores. En un principio como integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte, presidida por Roberto Alcántara Rojas, quien propuso apoyar con seis camiones equipados y dos transportes de fletes. Más tarde con el ex senador y padre de Roberto, José Carmen Arturo y José Luis, Jesús Alcántara, al frente de la Comisión de Financiamiento.
Pero también llevaron consigo al grupo civil de seguridad formado por Fernando de la Sota Rodálleguez, considerado por el gobierno de los Estados Unidos como un asesino a sueldo ligado al cártel de Juárez, quien comenzó a trabajar con Alcántara en 1992, cuando Ignacio Morales Lechuga lo echó de la PGR.
Mucho se habló de las irregularidades cometidas por De la Sota en el caso Colosio. Pero poco se ha investigado sobre los demás casos donde ha estado presente y muestran la clase de personaje que es. Uno de ellos, el asesinato de Abraham Polo Uscanga que relaciona también a los Alcántara.
En declaración jurada, el abogado Alberto Woolrich expresó que dos días antes de morir, su amigo el magistrado Abraham Polo Uscanga le dio a conocer que fue secuestrado y torturado; entre sus plagiarios reconoció a Fernando de la Sota, con quien tenía una rencilla que databa de siete años atrás.
El asunto estuvo así: Una vez nombrado Ignacio Morales Lechuga como procurador General de Justicia del Distrito Federal, invitó a trabajar como subprocuradores a su paisano Polo Uscanga en Averiguaciones Previas y a Enrique Fuentes León en Procedimientos Penales, así como a De la Sota como jefe de la Policía Judicial capitalina. Inconforme por los nombramientos, Polo renunció. Sin embargo, Morales rectificó y mientras Fuentes León se quedó sin trabajo en el servicio público, De la Sota fue designado como Jefe de la Policía Judicial en la Miguel Hidalgo por el Delegado de la PGJDF, Federico Ponce Rojas, hasta dónde lo persiguió Polo con una consignación por extorsión que no se cumplimentó por órdenes de Morales.
De la Sota estuvo en el Bar Jemma la madrugada del 20 de junio de 1995, lugar ubicado frente a las oficinas donde fue encontrado el cadáver del magistrado. El arma que le dio muerte fue un revólver brasileño Taurus calibre 38, semejante al que victimó a Luis Donaldo Colosio y arma preferida por De la Sota.
De acuerdo con la declaración de Felipe Victoria Zepeda, quien trabajó con Abraham Polo Uscanga, la muerte del magistrado derivó de los consejos dados al que fuera Secretario de Transportes y Vialidad, Luis Miguel Moreno Gómez (también muerto en abril de 1995), para hacer caso omiso a las presiones de su jefe y “obstaculizar el gran negocio que querían hacer gentes allegadas a Oscar Espinosa Villarreal, de apellido Alcántara Rojas (Jesús y Roberto), apoderándose de la concesión del transporte urbano de pasajeros” en la ciudad de México.
El propio Victoria Zepeda destaca la participación de El comandantazo o Grandote De la Sota en el Operativo Noticia realizado el 30 de mayo de 1984, cuando miembros de la Dirección Federal de Seguridad ejecutaron al periodista Manuel Buendía Téllez Girón, por órdenes inmediatas de José Antonio Zorrilla Pérez.
Además, el testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA), Marco Enrique Torres, también implica a De la Sota en el crimen contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993.
Por su parte, el ex cónsul de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad, envió mensajes a la cancillería comandada por José Ángel Gurría, donde explicaba la existencia de una “relación voluntaria o involuntaria entre José Córdoba Montoya, Marcela Bodenstedt, Enrique Fuentes León (identificado por la DEA como abogado del cártel del Golfo), el ex diputado Manuel Muñoz Rocha y Juan García Abrego”, además de que “desde 1992 el Departamento de Justicia, a través de su oficina en San Antonio, ha establecido reservas sobre el connacional Fernando de la Sota Rodalléguez, quien vino entonces a esta ciudad como comisionado de la PGR para investigar al cártel de Juárez” a petición de la entidad estadounidense, que tras darle todos los detalles de un operativo, confirmó sus pesquisas. Tras este hecho, ahora sí fue corrido por Morales Lechuga.
Fernando de la Sota terminó como integrante del Estado Mayor Presidencial y de Seguridad del Presidente Ernesto Zedillo en 1995.
El grupo Atlacomulco
Apenas Ernesto Zedillo fue designado candidato sustituto, el jefe del clan y en ese entonces secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González, operó el apoyo de la llamada vieja clase política para el nuevo abanderado del PRI, desde las mismas oficinas de la dependencia a su cargo.
Y sus cercanos pronto coparon los primeros niveles de la política: Ignacio Pichardo Pagaza fue traído de la embajada de México en España para hacerse cargo de la coordinación general de la campaña y pese a no contar con los méritos suficientes, Humberto Benítez Treviño fue nombrado Procurador General de la República en reemplazo de Diego Valadés, y Óscar Espinoza Villarreal fue integrado a la Secretaría de Finanzas del PRI. Benítez fue acusado por Mario Ruiz Massieu de haber desalojado a sus colaboradores con lujo de violencia y armas largas, de las oficinas donde despachaba como subprocurador, en las cuales dejó unas carpetas donde José Francisco Ruiz Massieu tendría el detalle de los acontecimientos de 1994 hasta el día de su muerte.
Tras el triunfo de Zedillo en las elecciones del 21 de agosto de 1994, Pichardo Pagaza fue nombrado presidente del PRI y María de los Ángeles Moreno secretaria general a la muerte de José Francisco Ruiz Massieu; ambos fueron acusados por Mario cuando habló de que “los demonios andan sueltos” y obstaculizaban la integración de las averiguaciones en torno al asesinato de su hermano desde la sede del partido y el Congreso de la Unión, en colaboración con Benítez Treviño.
Con estos acontecimientos, la prevalencia de los grupos ligados a José Córdoba y Atlacomulco en el gabinete de Ernesto Zedillo fue marcada:
Pichardo Pagaza arribó al gabinete como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Carlos Rojas Gutiérrez, quien fuera Director de Finanzas y Administración en el hipódromo de Agua Caliente de Jorge Hank Rohn, de 1985 a 1988; vicepresidente de Finanzas de 1985-86 y de Relaciones Publicas de 1987-88, y presidente y consejero 88-90, del Instituto Mexicano de Finanzas de Tijuana, continuó como secretario de la Sedesol, y Óscar Espinosa Villarreal fue designado regente de la Ciudad de México.
La fuerza del grupo Atlacomulco fue evidente en los primeros meses cuando negociada la salida de Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco por Esteban Moctezuma y el PRD, el actual presidente del PRI se acercó con su maestro y padrino Carlos Hank y desde la Hacienda Don Catarino se fincó su permanencia. Fue la primera gran derrota de Esteban Moctezuma, quien dejó la Secretaría de Gobernación a otro integrante del clan del Estado de México, Emilio Chuayffet en junio de 1995.
Córdoba, Zedillo, su poder
Luis Colosio Fernández, padre del candidato del PRI a la presidencia de la República, fue directo el 21 de marzo de 1995, al cumplirse un año del asesinato de su hijo: “Ojalá que cuando (la investigación) llegue a Córdoba (el presidente Zedillo) no se eche para atrás”.
Ante tal afirmación, la corroboración pedida por el reportero de El Imparcial de Hermosillo, Sonora, que lo entrevistó entonces y que se publicó hasta el 24 de marzo de ese año a petición del entrevistado, llevó a la reiteración:
-¿Córdoba, don Luis? ¿José Córdoba Montoya? ¿Usted cree que él pudo haber planeado el asesinato?
-Creo que él tuvo mucho que ver.
De esto, como de otros momentos en que supuestamente le habría pedido la renuncia a Colosio, Córdoba Montoya lo negó en una entrevista entregada por escrito al diario Reforma y publicada el 10 de octubre de 1994.
“Es un disparate y un infundio sugerir que yo le hubiera podido pedir a Colosio renunciar a su candidatura. Simplemente ese hecho no ocurrió”.
El pasado 10 de febrero Luis Colosio Fernández dijo que el asesinato de su hijo se dio en un evidente clima de deterioro de la relación con Carlos Salinas, desmentido al día siguiente por el ex presidente quien lanzó un strike con mucha jiribilla: “Sería bueno preguntarle al que mandó la carta por qué expresaba esas cosas en la misiva. Yo creo que aquí, más que preguntarme a mí qué opino sobre ella, hay que preguntarle al que la escribió… algo que me llama la atención es la fecha de la carta, el 19 de marzo… es decir, en esas fechas el candidato Colosio había decidido hacer cambios a su equipo y entre los cambios estaba el del coordinador de su campaña”.
Mandó la carta Ernesto Zedillo, quien iba a ser relevado como coordinador de campaña, mientras su “jefe” y principal impulsor, José Córdoba Montoya “trabajará en el gobierno hasta el 30 de noviembre”, habría decidido Colosio.
La carta parece escrita con toda intención: dañar la imagen de Manuel Camacho Solís y asumirse leales a Colosio e intrigar contra el entonces presidente Salinas. Aquí tres párrafos de ella:
“No obstante lo ocurrido el pasado 28 de noviembre, Manuel Camacho -antes o después del 1 de enero- decidió continuar jugando un papel protagónico en la política nacional y ha actuado con un plan muy preciso para cumplir con ese objetivo, aprovechando y cultivando en todo momento las nuevas prioridades del Señor Presidente”.
“Insisto, mi propuesta de celebrar este pacto (con Salinas) es independiente de mi admiración y agradecimiento por el Señor Presidente. Es una recomendación elemental, yo diría de libro de texto, de estrategia política”.
“Créeme que estoy profundamente convencido de lo que te expreso. En mis recomendaciones no hay interés personal alguno. Simplemente creo que es lo mejor para México”.
Con este contexto no puede soslayarse que Córdoba siempre tuvo un candidato: Zedillo. Y que si no lo pudo llevar a la candidatura, lo puso detrás del candidato como coordinador de campaña donde Colosio iba a nombrar a Carlos Rojas Gutiérrez. Con Zedillo detrás de Colosio, Córdoba tuvo que ver en decisiones de la campaña y, posteriormente, en la designación de su protegido como candidato sustituto antes de ser desterrado por Salinas como representante de México ante la OCDE.
Es pertinente investigar la alianza de Córdoba con los grupos de poder político de la vieja guardia, además de cuándo, dónde y por qué hubo el rompimiento Salinas-Córdoba que parece haberse mantenido más allá del 1 de diciembre de 1994. Muchas voces al interior del gobierno de Zedillo expresaron que la salida de capitales propiciadora del error de diciembre de 1994 fue operada por Carlos Salinas y sus alianzas con el gran capital, y la respuesta de su sucesor fue la encarcelación de Raúl Salinas.
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